Un informe mundial alerta de que el espionaje y la interceptación de datos amenazan la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y la confidencialidad de sus fuentes.
Vigilancia y libertad de prensa
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) publicó el 5 de octubre su último informe, titulado Hacked Silence: Journalists and surveillance — addressing legal and regulatory challenges, que analiza la legislación y los marcos normativos sobre vigilancia y sus consecuencias para el ejercicio del periodismo.
El estudio alerta de que los periodistas son vigilados en todo el mundo a una escala sin precedentes. Esta práctica compromete especialmente la confidencialidad de las fuentes y tiene un impacto directo sobre la libertad de prensa, la privacidad y la seguridad de los profesionales, así como sobre el derecho de la ciudadanía a recibir información.
Un análisis internacional
El informe, elaborado por la FIP, es el segundo de una serie de dos estudios. El primero, publicado en abril de 2026, analizó las tecnologías y metodologías utilizadas para vigilar, perseguir e intimidar a trabajadores de la prensa en todo el mundo. El nuevo trabajo estudia los marcos jurídicos y normativos en los que desarrollan su actividad los periodistas y los medios de comunicación, a partir del análisis de leyes, normas, resoluciones y casos judiciales, así como de decisiones de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la Organización de los Estados Americanos.
La investigación incluye casos prácticos de diez países: India, Pakistán, Kenia, Italia, Serbia, Brasil, México, El Salvador, Líbano y Jordania. Sus conclusiones ponen de manifiesto las deficiencias de las actuales protecciones jurídicas de la libertad de prensa, desde la denominada «interceptación legal» en Estados democráticos hasta el uso de programas espía en regímenes autoritarios para reprimir la disidencia y controlar a la prensa.
Una amenaza para la libertad de prensa
El informe también señala el papel de los operadores de telecomunicaciones y de las grandes plataformas en los ecosistemas de vigilancia, y destaca las diferencias y lagunas normativas existentes entre las distintas jurisdicciones.
La presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, ha declarado: “Cuando lxs periodistas sospechan que cada una de sus llamadas, mensajes o desplazamientos puede estar siendo vigilada, se ven más inclinadxs a evitar las investigaciones delicadas, a abandonar a sus fuentes o a recurrir a la autocensura. Este estudio es una señal de alarma para lxs periodistas, los medios de comunicación, la ciudadanía y los gobiernos. Muestra claramente hasta qué punto la vigilancia de la prensa se ha convertido en una grave amenaza para la seguridad de lxs periodistas en todo el mundo. Necesitamos una respuesta global para erradicar la vigilancia de quienes arriesgan sus vidas para informar al público. Necesitamos con urgencia leyes más estrictas que definan claramente qué herramientas pueden utilizarse, cuándo y quién puede hacerlo”.
El trabajo, cuya autora es Paula Ligia Martins, abogada especializada en derechos humanos y experta en política internacional, servirá de base para la política de la FIP sobre vigilancia y para las acciones de defensa de sindicatos de periodistas, asociaciones, organizaciones de medios y entidades de la sociedad civil comprometidas con la libertad de prensa y de expresión. El estudio se ha elaborado en el marco de la contribución de la FIP al proyecto Brave Media, un consorcio mundial de nueve organizaciones liderado por BBC Media Action.
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