La nueva legislación introduce importantes garantías para periodistas y para el ejercicio de la libertad de expresión, pero Amnistía Internacional advierte de que mantiene disposiciones que pueden utilizarse para perseguir e intimidar a quienes expresan pacíficamente sus opiniones.
Tras años de trabajo de incidencia de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, Líbano ha aprobado una nueva ley de medios de comunicación que incorpora importantes reformas basadas en los derechos humanos. Sin embargo, la norma no incluye todos los cambios necesarios para garantizar plenamente el respeto, la protección y la efectividad del derecho a la libertad de expresión en el país, según ha declarado Amnistía Internacional.
El Parlamento libanés aprobó el 11 de agosto de 2026 la esperada Ley de Medios de Comunicación, que sustituye a la legislación obsoleta de 1962 y 1994. La ley, publicada en el boletín oficial el 3 de septiembre, introduce diversas garantías para periodistas, profesionales de los medios y personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en internet.
Entre las modificaciones figuran la despenalización de las injurias y la difamación en determinados supuestos, una mayor protección de las fuentes, la prohibición de la detención preventiva en casos relacionados con los medios de comunicación, la limitación de la competencia de los tribunales militares y la ampliación de las garantías para la expresión en línea.
No obstante, el Parlamento ha dejado sin resolver otras amenazas contra la libertad de expresión. El Código Penal mantiene disposiciones que contemplan penas de prisión por expresiones protegidas, como “insultar” o difamar a Estados extranjeros, y la nueva legislación introduce además un delito de “noticias falsas o perjudiciales”.
“Tras años de esfuerzos de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos en favor de una reforma legislativa que proteja la libertad de expresión en Líbano, la nueva ley de medios de comunicación da varios pasos adelante, entre ellos la supresión de las sanciones penales para determinados delitos de injurias y difamación y la ampliación de las garantías para la expresión en línea. Sin embargo, siguen vigentes disposiciones de larga data de la legislación libanesa que penalizan expresiones protegidas y que podrían acabar socavando los avances hacia la despenalización que el Parlamento ha tardado años en negociar”, ha declarado Reina Wehbi, responsable de campañas sobre Líbano de Amnistía Internacional.
La organización recuerda que, en los últimos años, quienes han publicado o escrito sobre asuntos controvertidos o han criticado a actores poderosos han sido citados en investigaciones penales o llevados ante los tribunales por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
“El Parlamento libanés no debe desentenderse de las disposiciones legales que aún podrían utilizarse para procesar e intimidar a quienes expresan pacíficamente sus opiniones, y debe completar el proceso de reforma: derogar el delito de ‘noticias falsas y perjudiciales’, que no es un delito reconocido por el derecho internacional, despenalizar por completo la difamación y derogar también los delitos de injurias.”
La nueva ley regula la expresión difundida a través de medios de comunicación, publicaciones, sitios web, plataformas en línea y otros medios electrónicos, por lo que las protecciones y exenciones que establece no se aplican necesariamente a otros contextos en los que pueda ejercerse la libertad de expresión.
Nuevas garantías introducidas
Uno de los principales avances de la nueva ley es la incorporación de garantías destinadas a reducir el riesgo de que el derecho penal, las instituciones militares o las facultades de investigación se utilicen para reprimir la crítica o el trabajo periodístico.
El artículo 114 prohíbe la detención en espera de juicio por delitos cometidos a través de los medios de comunicación y los medios electrónicos regulados por la ley, independientemente de la condición o profesión de la persona acusada. Al extender expresamente esta protección a la expresión en línea, la norma resuelve una ambigüedad existente en el marco anterior.
La ley también mejora las disposiciones relativas a la “incitación al conflicto sectario o a la violencia contra personas o grupos por su afiliación racial, religiosa, sectaria o étnica, su color o su sexo, reales o percibidos, o a causa de ellos”. Los tribunales deberán tener en cuenta factores como el contexto, la intención, la influencia, la difusión y la probabilidad de causar daño para determinar si una expresión constituye una incitación ilícita, aunque persiste la preocupación por el concepto indefinido de “conflicto sectario”.
El artículo 113 retira a los tribunales militares la competencia sobre todos los casos relativos a los medios de comunicación y a la libertad de expresión regulados por la ley, una medida que responde a las denuncias sobre procesos contra civiles, incluidos periodistas, ante la justicia militar por delitos relacionados con la libertad de expresión.
Los artículos 115 y 116 establecen garantías explícitas de independencia editorial, protegen a los periodistas frente a injerencias, intimidaciones y represalias destinadas a influir en su trabajo, salvaguardan su derecho de sindicación y refuerzan la protección de las fuentes confidenciales.
Además, la norma reconoce expresamente los medios digitales y establece un sistema de registro basado en la notificación para sitios web y plataformas de medios de comunicación, que no estarán sujetos a autorización previa ni a licencia. También elimina diversos requisitos de autorización y censura previa.
El artículo 98 otorga un peso jurídico significativo al interés público y protege explícitamente la información que revela casos de corrupción, somete a escrutinio a funcionarios públicos o aborda otros asuntos de interés público legítimo.
“Estas nuevas garantías son fruto de años de trabajo diligente y entregado de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas para mejorar el entorno de la libertad de expresión en Líbano. Ahora corresponde al Estado asegurarse de que estas garantías se cumplan con rigor en los próximos días y meses”, ha declarado Wehbi.
Persisten graves lagunas en materia de libertad de expresión
Pese a los avances, Amnistía Internacional advierte de que la nueva legislación mantiene importantes lagunas y deja vigentes disposiciones que pueden vulnerar la libertad de expresión.
La ley da un paso atrás al tipificar como delito la desinformación sin definirla claramente. El artículo 104.b crea un nuevo delito que penaliza la “invención intencionada de falsedades y la difusión de noticias falsas o perjudiciales”, con penas de hasta tres años de prisión.
Según la organización, esta disposición puede prestarse a abusos, ya que términos imprecisos e indefinidos como “noticias perjudiciales” pueden facilitar citaciones, investigaciones y procesamientos arbitrarios contra periodistas, profesionales de los medios y otras personas.
“La desinformación tiene efectos perjudiciales para los derechos humanos y es importante que los Estados adopten medidas para prevenirla, detectarla y contrarrestarla; ahora bien, tipificarla como delito no es una forma eficaz de abordarla. Dado que el alcance de este delito será a menudo poco claro, la disposición corre el riesgo de convertirse en una nueva herramienta para perseguir a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”, ha declarado Reina Wehbi.
“El Parlamento debe modificar con urgencia la ley para garantizar que toda disposición relativa a las noticias falsas esté definida de forma estricta y sea plenamente coherente con las normas internacionales sobre libertad de expresión. Tras años de debate, esta ley debe marcar un abandono decisivo de las sanciones penales por actos de expresión y no crear nuevas herramientas de censura y enjuiciamiento.”
La nueva ley deroga los delitos contra el sentimiento religioso o nacional y traslada al ámbito de la responsabilidad civil diversos delitos relacionados con la libertad de expresión, como las injurias, la difamación y la calumnia, para los medios de expresión que regula la norma.
Sin embargo, siguen vigentes otros delitos penales. Entre ellos, el artículo 292 del Código Penal, que tipifica como delito las injurias y la difamación dirigidas contra Estados extranjeros, sus jefes de Estado o sus representantes políticos en Líbano.
También persiste la ambigüedad sobre si los casos de difamación y calumnia contra autoridades y funcionarios públicos han pasado plenamente del ámbito penal al civil. Aunque los artículos 107 y 108 incluyen estos supuestos en el nuevo marco de responsabilidad civil, el artículo 105 no hace referencia explícita a los artículos 385 a 387 del Código Penal.
Especialistas en derecho consultados por Amnistía Internacional consideran probable que el legislador pretendiera trasladar estos delitos al nuevo marco civil, pero la ausencia de una referencia expresa deja margen para que las autoridades judiciales continúen aplicándolos.
Amnistía Internacional sigue reclamando la derogación de las leyes que tipifican como delito las injurias dirigidas a jefes de Estado, funcionarios públicos u otras figuras públicas, al considerar que estas personas están legítimamente expuestas a la crítica y a la oposición política.
Para más información, consultar en: Amnistía Internacional
