La EMFA entró en vigor en agosto del 2025 y su aplicación dista mucho de las expectativas, con 23 países rezagados, e incluso algunos haciendo lo contrario.
El año 2025 fue testigo de uno de los avances institucionales más significativos en el sector de los medios de comunicación: la Ley Europea de Libertad de Prensa (EMFA, en sus siglas en inglés), Reglamento (UE) 2024/1083, que entró en plena vigencia en toda la Unión Europea en agosto de 2025. Un año después de su entrada en vigor en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), el 8 de agosto, la situación general dista mucho de las expectativas.
La Federación Europea de Periodistas (FEP) y sus filiales en los Estados miembros de la UE siguen de cerca la a menudo compleja implementación a nivel nacional y monitorizan su evolución. Junto con los resultados del Monitor de Pluralismo Mediático de este año, que incluye análisis sobre temas relacionados con la EMFA y su situación actual, la evidencia muestra que la implementación es desigual en la mayoría de los ámbitos y que la brecha de fragmentación persiste. Si bien solo cuatro países han cumplido con sus obligaciones, 23 Estados miembros siguen rezagados, e incluso algunos están haciendo lo contrario de lo esperado.
Muchos temas cruciales
La protección contra el software espía (artículo 4), las obligaciones de transparencia para las empresas de medios (artículo 6), la protección frente al control político y la sostenibilidad financiera de los medios de servicio público (artículo 5), la evaluación del interés público para las fusiones de medios (artículo 22), así como la independencia de las autoridades reguladoras nacionales de los medios, son los aspectos más cruciales para la FEP y sus sindicatos y asociaciones de periodistas.
El próximo año demostrará si existe la voluntad política para impulsar un cambio fundamental en la regulación de los medios y su cultura política, esenciales para la resiliencia democrática en Europa. En particular, la protección contra el software espía, que no requiere grandes reformas institucionales, sino garantías claras y una interpretación cuidadosa de las excepciones vinculadas a la seguridad nacional y el interés público, ha generado preocupación en Francia, Grecia, Hungría e Italia, entre otros países. Corresponde a los gobiernos nacionales, los reguladores independientes de los medios, la Junta Europea de Servicios de Comunicación y los operadores de medios convertir estos derechos legales en una protección cotidiana.
Responsabilidad de los gobiernos
«Esta interacción entre distintos actores solo funciona cuando la transparencia y los recursos suficientes son fundamentales, y cuando se puede exigir responsabilidad a los actores por lo que se hace correctamente y lo que no. Sin duda, la supervisión activa de la Comisión Europea y la voluntad política de iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que violen el Acuerdo Europeo de Libertades (AEFP), independientemente de intereses geopolíticos o de otra índole, son cruciales», ha afirmado Renate Schroeder, directora de la FEP
Dada la falta de implementación en muchos Estados miembros en lo que respecta a la creación de una estructura que apoye a los medios de comunicación públicos independientes, la FEP lanzará una campaña sobre el papel fundamental de los medios de comunicación públicos independientes y bien financiados en un contexto de creciente desinformación, polarización y debilitamiento del ecosistema informativo.
España, uno de los 23
Uno de los estados de la UE que todavía no ha aplicado la EMFA es España. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha reclamado en múltiples ocasiones al gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que implementen con la máxima urgencia las disposiciones necesarias para hacer efectiva la EMFA en España.
La FEP también está en consulta con el Consejo Europeo de Medios de Comunicación, en particular en lo que respecta a la concentración de medios y la prueba del interés público a nivel nacional (artículos 22 y 23). Hasta ahora, la implementación en Europa es desigual: según el MPM, a partir de 2025, 16 países no cuentan con una prueba de pluralismo mediático, y otros nueve tienen leyes antiguas que podrían no cumplir con el artículo 22.
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