Pone el foco en las asignaturas pendientes de la libertad de prensa en nuestro país, donde el reparto de publicidad institucional está bajo sospecha y falta transparencia.
«El análisis de la Comisión Europea sobre los medios españoles, recogido en el informe sobre el Estado de Derecho de 2026, advierte de que el retraso en reformas clave mantiene desprotegido al sector frente a la precariedad laboral, las interferencias políticas y la falta de transparencia en la propiedad de los medios. La CE resalta un informe del Ministerio de Igualdad según el cual el 73% de las periodistas en España sufre acoso continuado en las redes, lo que deriva en prácticas de autocensura. A esto se suma un panorama laboral marcado por contratos de corta duración y la irrupción de la inteligencia artificial, lo que genera una precariedad que erosiona de forma directa la independencia del periodista», según Infobae.
Uso intimidatorio de la justicia
«Por otro lado, Bruselas ve con preocupación el uso de la justicia como herramienta de intimidación. Para frenar las llamadas demandas SLAPP —querellas abusivas interpuestas por políticos o empresarios para asfixiar económicamente a los reporteros—, el Gobierno aprobó el 14 de abril de 2026 dos anteproyectos de ley para blindar a los profesionales, aunque los retrasos parlamentarios mantienen todavía bloqueada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, (conocida como ‘Ley Mordaza’). Así lo ha denunciado la Federación de Sindicatos de Periodistas, que ha instado al Gobierno a su aprobación inmediata,
Para solucionar estos puntos críticos, la Unión Europea (UE) ha establecido una hoja de ruta con recomendaciones. Bruselas aboga por aprobar definitivamente la Ley de Secretos Oficiales. Esta medida está pensada para garantizar el derecho de acceso a la información pública, permitiendo que periodistas e investigadores accedan sin trabas a los documentos del Estado.
Asimismo, el documento resalta la necesidad de dotar de recursos reales a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El plan de la UE pasa por blindar financieramente la creación de la nueva Dirección de Medios dentro del organismo regulador, asegurando que se materialicen las 32 nuevas plazas especializadas proyectadas. Solo así, señala la CNMC tendrá la capacidad técnica real para vigilar con eficacia la concentración de empresas del sector y proteger el pluralismo.
Transparencia respecto a la propiedad de los medios
Por otra parte, las sugerencias de Bruselas se enfocan en garantizar la transparencia de la propiedad de las empresas informativas, sacando adelante el nuevo registro público de medios supervisado por la propia CNMC. Este paso se considera esencial para que ciudadanos y lectores puedan conocer quiénes son los accionistas y los fondos de inversión que hay tras de cada pantalla o periódico que consumen.
Finalmente, la UE pide frenar el uso político de la publicidad institucional. Para ello, insta a completar la reforma legal pendiente y aplicar criterios que objetivos, públicos y proporcionales en el reparto del dinero del Estado. El objetivo es impedir la discriminación o el ahogo económico de los medios de comunicación en función de su línea editorial».
Crédito de la foto: RTVE
