Acusan a 14 países de no notificar a tiempo a la Comisión que han transpuesto esta norma de la UE, cuyo fin es proteger a los periodistas ante demandas intimidatorias.
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción mediante el envío de cartas de requerimiento a España, Italia, Bulgaria, la República Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Según Euronews,«estos países han sido acusados formalmente de no notificar la transposición completa de las normas de la UE sobre la protección de las personas que participan en la participación pública frente a acciones legales manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos (Directiva UE 2024/1069, de 11 de abril de 2024)«.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha exigido recientemente al Gobierno y a los grupos parlamentarios la implementación inmediata de esta directiva, esencial para mejorar la calidad de la democracia.
Una aliada contra la censura
Euronews recuerda que «entre las personas a las que se dirigen las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) se encuentran «periodistas , defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil». La Directiva 2024/1069 de la UE ofrece las herramientas precisas para que puedan defenderse contra «demandas manifiestamente infundadas o procedimientos civiles abusivos con implicaciones transfronterizas». Las normas también permiten a los tribunales desestimar las demandas manifiestamente infundadas en las primeras etapas del procedimiento y ofrecen recursos legales a las personas afectadas, así como protección contra sentencias dictadas por terceros países.
Dos meses de plazo para responder
Los Estados miembros tenían hasta el pasado 7 de mayo para transponer la directiva a su legislación nacional, pero hasta la fecha, los 14 países no han notificado a la Comisión su transposición completa. Por consiguiente, la Comisión ha enviado cartas de requerimiento —documentos que certifican la infracción— a los Estados miembros afectados, que disponen ahora de dos meses para responder e informar al edificio Berlaymont del conjunto completo de medidas de transposición que han adoptado.
En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado, una comunicación oficial en la que la Comisión declara formalmente que el país está infringiendo el Derecho de la Unión Europea».
Crédito de la foto: Comisión Europea
