El proyecto de ley para frenar las demandas abusivas de silencio (SLAPP) se someterá a consulta pública en las próximas semanas.
El Gobierno pone en marcha una ambiciosa iniciativa legislativa para hacer frente a las demandas abusivas para silenciar, conocidas por sus siglas en inglés SLAPP, ampliando el ámbito de protección de los periodistas también a las causas de ámbito nacional, más allá de las exigencias mínimas de la correspondiente directiva europea.
Esta intervención se inscribe en el marco más amplio del primer Plan Nacional de Acción para la Seguridad de los Periodistas, que presentó el secretario general de Comunicación e Información, Dimitris Kirmikiroglou, y que se encuentra en consulta pública.
Las demandas SLAPP se consideran una de las principales amenazas para la libertad de prensa, ya que a menudo no se utilizan para lograr la reparación judicial de los demandantes, sino como medio de presión económica y psicológica sobre periodistas e investigadores que trabajan en asuntos de interés público. Según la Alianza Europea contra las SLAPP (CASE), en Europa se han registrado más de 1.300 casos de este tipo desde 2010, siendo los periodistas el colectivo profesional más señalado.
Grecia amplía la protección frente a las SLAPP a los casos nacionales
Tal y como señaló Dimitris Kirmikiroglou, la legislación griega dará un paso más respecto a lo previsto en la directiva europea, de modo que abarque también las causas de ámbito nacional. Según los datos disponibles, entre el 80% y el 85% de las demandas abusivas a escala internacional se refieren a asuntos internos y solo el 15% a litigios transfronterizos, algo que, subrayó, hace necesaria la ampliación del marco de protección.
«La legislación griega va un paso más allá de los requisitos mínimos que fija la Directiva, cuya transposición implica extenderla también a los asuntos internos. Si observáramos los datos estadísticos a nivel internacional, veríamos que el mayor porcentaje de demandas abusivas tiene que ver con causas nacionales. Entre el 80% y el 85% corresponden a asuntos internos y el 15% a casos transfronterizos europeos».
La ley anti-SLAPP iniciará su tramitación en las próximas semanas
Según el Gobierno, el anteproyecto de ley para hacer frente a las SLAPP se prevé que entre en consulta pública en las próximas semanas, para que sea aprobado por el Parlamento durante el verano.
Paralelamente a la iniciativa legislativa se contemplan acciones de formación y de información tanto para periodistas como para operadores de la Justicia, con el fin de garantizar la aplicación eficaz del nuevo marco y la identificación de las características de las demandas abusivas.
Prioridad: protección de periodistas y seguridad digital
La iniciativa se enmarca en el primer Plan Nacional de Acción para la Seguridad de los Periodistas. Entre sus principales ejes figuran la protección de los periodistas que cubren conflictos armados y catástrofes naturales, el refuerzo de la seguridad digital, la adaptación a los retos de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de la deontología periodística y el desarrollo de colaboraciones internacionales.
Se presta especial atención a la seguridad física de los periodistas mediante programas de formación especializados y certificados para quienes deban trabajar en zonas en guerra o en áreas afectadas por fenómenos naturales extremos. En el ámbito de la seguridad digital se prevén asimismo medidas para hacer frente a los señalamientos en internet, a los ataques contra datos personales y a los fenómenos de acoso digital.
La seguridad de los periodistas, una cuestión de democracia
Durante la presentación del Plan, Kirmikiroglou calificó la seguridad de los periodistas como una cuestión de democracia y recalcó que, cuando un periodista es amenazado o amordazado, no se pone en riesgo solo su libertad, sino también el derecho de los ciudadanos a la información.
Según los datos presentados, desde 1993 han perdido la vida en todo el mundo unos 1.600 periodistas, mientras que el 85% de los asesinatos de periodistas sigue sin condena, lo que demuestra la importancia de blindar institucionalmente el ejercicio del periodismo a escala internacional.
Crédito foto: FB Dimitris Kirmikiroglou
