El 7 de mayo era la fecha límite para que los miembros de la UE incoporaran la Ley Daphne, pero su aplicación es muy fragmentada y desigual,
La Federación Europea de Periodistas (EFJ) y sus socios de la Iniciativa de Respuesta Rápida a la Libertad de Prensa (MFRR) han hecho un llamamiento urgente a los Estados miembros para que demuestren su compromiso con la libertad de prensa acelerando sus procesos legislativos para incorporar a sus respectivas legislaciones la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea. También reclaman que garanticen que las medidas nacionales reflejen plenamente tanto la letra como el espíritu de la Directiva, así como las garantías sustantivas y procesales establecidas en las Recomendaciones de la UE y del Consejo de Europa. Una aplicación parcial, tardía o deficiente no proporcionará una protección efectiva y podría permitir que persistan las prácticas abusivas contra la prensa.
El pasado 7 de mayo de 2026 venció el plazo para que los Estados miembros de la UE transpongan la Directiva Anti-SLAPP, también conocida como la Ley Daphne. Sin embargo, al conmemorar este hito, el Monitor Europeo Anti-SLAPP muestra una situación fragmentada y desigual en la transposición en toda Europa, ya que casi todos los Estados miembros están incumpliendo el plazo.
La mayoría, muy rezagados
Si bien la Directiva Anti-SLAPP supuso un avance significativo en la protección de periodistas y medios de comunicación frente a litigios abusivos, su implementación a nivel nacional sigue siendo alarmantemente incompleta. Aunque existen algunos ejemplos positivos, la mayoría de los Estados están muy rezagados y otros no han avanzado en absoluto.
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son acciones legales abusivas utilizadas por individuos o entidades poderosas para silenciar a periodistas y organizaciones de medios de comunicación, imponiéndoles litigios costosos y prolongados. Al generar un efecto disuasorio e imponer una importante presión financiera, estas demandas amenazan directamente la capacidad de los medios para cubrir asuntos de interés público como la corrupción, el daño ambiental y las violaciones de los derechos humanos.
48 demandas antes de asesinarla
El caso de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galicia es uno de los ejemplos más claros del daño que pueden causar estas acciones. La periodista de investigación se enfrentaba a 48 demandas por difamación en el momento de su asesinato en 2017, muchas de ellas presentadas por figuras influyentes a las que investigaba. Fue asesinada en represalia por su trabajo, y su caso se convirtió en un catalizador de las iniciativas contra las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) en Europa y en la creación de la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE).
La Directiva de la UE contra las SLAPP se adoptó en abril de 2024 para proteger a los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad civil de este tipo de demandas, garantizando que puedan continuar su labor de vigilancia sin temor a la intimidación legal. Sin embargo, la voluntad de los países para transponer esta Directiva de forma efectiva ha resultado ser limitada. En muchos Estados miembros, las autoridades se niegan a reconocer el problema de las SLAPP a nivel nacional. Solo un puñado de países ha comenzado a implementarla, como muestra el Monitor Europeo contra las SLAPP.
Francia y Malta destacan como algunos de los pocos países clasificados como «Parcialmente Implementados». Sin embargo, estos procesos no han sido ideales, ya que la transposición sumaria del gobierno maltés mediante una Notificación Legal, en lugar de un proceso parlamentario, fue ampliamente criticada por las partes interesadas maltesas como una oportunidad perdida para una transposición significativa que hiciera justicia a la situación de las víctimas de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) en Malta.
Los casos transfronterizos
La mayoría de los Estados miembros, incluidos Bélgica, Alemania y los Países Bajos, han iniciado formalmente el proceso de transposición. Se han redactado propuestas legislativas y, en algunos casos, han avanzado en las fases parlamentarias. No obstante, en la mayoría de estos países, existen dudas sobre el nivel mínimo de transposición previsto en los proyectos de ley. Solo unos pocos países han ampliado la protección de las víctimas de SLAPP en casos sin un componente transfronterizo. Esto resulta problemático, ya que actualmente solo el 8,5 % de los casos de SLAPP en Europa son transfronterizos. En consecuencia, la mayoría de las personas afectadas por las SLAPP siguen enfrentándose a la inseguridad jurídica y a garantías insuficientes.
Entre estos, el proyecto de ley belga destaca como una de las transposiciones más progresistas de la Directiva. Su enfoque legislativo va más allá de los requisitos mínimos de la UE al extender la protección a los casos nacionales e introducir salvaguardias procesales clave, como mecanismos de desestimación temprana y sanciones contra los demandantes abusivos. Sin embargo, persisten importantes lagunas, en particular en lo que respecta a las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) en los procesos penales, lo que podría permitir que continúen ciertas formas de acoso legal. La expansión de las SLAPP al derecho penal preocupa a varios Estados miembros donde la difamación no se ha despenalizado, por temor a que las salvaguardias contra las SLAPP en los casos civiles lleven a los litigantes a interponer demandas penales.
Al mismo tiempo, varios países, entre ellos Italia y Hungría, aún no han iniciado la transposición. Esto suscita preocupación por los importantes retrasos y la protección desigual que sufren las personas objeto de litigios abusivos en toda Europa.
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