Las administraciones públicas no deben ceder espacios a quienes vulneran el derecho a la información al poner obstáculos para captar imágenes.
En los recientes conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona ha habido una vez más, como ocurre desde hace tiempo en las actuaciones de otros artistas, graves restricciones para los y las profesionales del fotoperiodismo, ya sea por órdenes de los organizadores (Live Nation), de la cantante o de sus representantes. En la capital catalana, las organizaciones periodísticas han denunciado esos abusos porque el veto que han encontrado para realizar su trabajo «condiciona el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural e independiente». La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) les apoya, asume su protesta y denuncia que lo ocurrido es una vulneración del derecho a la información y del derecho al trabajo.
El caso adquiere más gravedad en los conciertos de Rosalía, porque se han celebrado en espacios que son propiedad de las administraciones públicas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona, respectivamente. No es aceptable que desde instancias públicas se cedan instalaciones a terceros para eventos privados en los que se vulneran derechos democráticos esenciales.
Pero los conciertos de Rosalía no son un hecho aislado. Hace ya mucho tiempo que el periodismo gráfico sufre este acoso en su trabajo, y no solo en el ámbito cultural o en espectáculos musicales. También se produce en otras áreas informativas como el deporte, la política o la economía. En épocas de campaña electoral los partidos políticos mayoritarios envían a los medios de comunicación las imágenes de televisión y las fotografías que graban sus equipos. Y en el mundo del deporte son permanentes las trabas que ponen las organizaciones y los equipos para acreditar a fotoperiodistas en sus eventos.
La Federación de Sindicatos de Periodistas exige, una vez más, que estos obstáculos desaparezcan ya. El derecho a la información de la ciudadanía, reconocido la Constitución española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos –y, en el caso de Catalunya, también en su Estatuto de Autonomía–, está por encima del derecho a la propia imagen cuando se trata de personas públicas que actúan en espacios públicos y cuya actividad es de interés general. Las distintas administraciones deben exigir a los promotores privados de conciertos que en recintos de titularidad pública no vulneren derechos constitucionales como el derecho a la información (art. 20), el derecho al trabajo (art. 35) o el principio de igualdad y no discriminación (art. 14).
Esta organización sindical reclama a las empresas periodísticas que defiendan a sus profesionales y abandonen la actitud cicatera de aceptar las imágenes que les envían los organizadores de los conciertos u otros actos para ahorrar dinero. Lo único que consiguen así es empobrecer su producto informativo y aumentar la desconfianza social hacia el periodismo. La ciudadanía solo apreciará la utilidad de los medios de comunicación cuando la información que ofrezcan sea de calidad. Y, para ello, es necesario que el fotoperiodismo sea visto como imprescindible para recibir una información de calidad y plural y no como un gasto evitable.
La Federación de Sindicatos de Periodistas insta a abrir un proceso de diálogo con todas las partes implicadas, para establecer los mecanismos que impidan que en acontecimientos públicos como los citados se vulneren derechos democráticos fundamentales. La calidad de la información es un termómetro de la calidad de la democracia de una sociedad y no hay que ahorrar esfuerzos para evitar que esta se vea pisoteada por intereses particulares espurios y discriminatorios.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
Crédito imagen: Ana Jiménez
