La MERP afirma que el blindaje de las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental «es la mejor defensa del estado del bienestar»
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) –una plataforma de la que forma parte la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)– ha expresado su rechazo a que «la revalorización de las pensiones dependa, una vez más, de los intereses partidarios de cada grupo parlamentario a la hora de votar en el Congreso de los Diputados. Quienes representan a la ciudadanía en el Parlamento deben poner todos los medios y dar los pasos necesarios para que la revalorización de las pensiones sea aprobada cada año de manera inmediata. No solo para que sea efectiva y no afecte a las condiciones de vida de los y las pensionistas, sino para no generar inseguridad y desconfianza».
Los votos de PP, Vox, Junts y UPN han tumbado en el Congreso el decreto que incluía la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, la prohibición de desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social. Esos partidos de la derecha y ultraderecha han argumentado que las medidas sobre los desahucios favorecen las ocupaciones de viviendas, por lo que pedían al Gobierno que presentara un decreto con el único punto de revalorizar las pensiones, separado de los demás temas.
Ante ese rechazo del decreto, que retrasará la revalorización para 13 millones de pensionistas, la MERP ha difundido un comunicado en el que afirma: «Esta plataforma no acepta participar en lo que califica de ´reparto de culpas y responsabilidades´, ya que las pensiones públicas es un asunto que concierne a la sociedad de conjunto. Según sus portavoces, ´lo que debe producirse es un acuerdo en horas para que la revalorización quede aprobada».
«La MERP, que está formada por más de 500 organizaciones de todo el país, ha valorado que el resultado de esta votación pone de manifiesto, ‘por segunda vez después de un año’, la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución, ‘prohibiendo la privatización y la pérdida de poder adquisitivo».
Según los portavoces, «si la Carta Magna obliga, este Gobierno, los que vengan y todos los grupos del Congreso deberán cumplir el mandato constitucional y, en todo caso, las pensiones contarán con una mayor protección de la que disponen ahora, que no están consideradas ni un derecho constitucional».
Han insistido en subrayar que «blindaje constitucional de las pensiones es la mejor defensa del estado del bienestar”, ya que vivimos en un momento “de incertidumbre política y económica, tanto nacional como internacional, en el que los derechos conquistados no se dan por supuestos».
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones prepara movilizaciones para finales de febrero en todo el país, en defensa del Sistema Público de Pensiones, para reivindicar su blindaje constitucional como la mejor defensa del estado del bienestar.
