Una trabajadora sufrió ansiedad y depresión por «una situación institucionalizada de acoso», según sus abogados, pero la Audiencia Provincial considera que no existió delito
La Audiencia Provincial de La Coruña ha desestimado el recurso de apelación de una trabajadora de la Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG), que había denunciado a varios altos cargos de esa empresa pública por acoso laboral, y ha confirmado el sobreseimiento y archivo de la causa que acordó el juzgado de instrucción número 1 de Santiago de Compostela el 22 de junio de 2025.
La denuncia iba dirigida contra Vitalina Teresa Cuña Palencia, Xosé Pereira Fariña, Alfonso Sánchez Izquierdo, Alejandro López Carballeira, Manuel Casas Macías, Tania Fernández Lombao, Paula Veloso Pereira y Susana Fernández Veiguela.
La trabajadora les acusaba de haber adoptado determinadas decisiones que perjudicaban su progreso profesional pero, según la resolución de la Audiencia Provincial, del 26 de junio de 2025, «se descarta una actuación arbitraria por parte de la empresa y se considera que todas estas actuaciones empresariales estaban justificadas o eran razonables». «Ninguno de los actos imputados a los investigados y que resultan de las diligencias de investigación practicadas, pueden ser considerados como hostiles o humillantes y, en todo caso, constitutivos de una situación de grave acoso».
El 26 de junio de 2023, esta web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se hizo eco de una noticia del digital Público.es sobre la denuncia de esa trabajadora -que ahora queda actualizada al informar del sobreseimiento y archivo del caso- con la siguiente información:
El digital Público.es informa que ha tenido acceso a un informe pericial que sostiene que una trabajadora de la TV pública gallega “está sometida desde hace cinco años ‘a un proceso grave de acoso laboral’ por el que el director general de la CRTVG y otros siete altos cargos están imputados por dos delitos por un juzgado de Santiago”.
Señala el medio que “los informes de un perito judicial, de la facultativa de la empresa, de un psiquiatra del Servizo Galego de Saúde y de otro que ejerce la medicina privada, que consideran que el cuadro de ansiedad y depresión que provocaron en ella el trato humillante y las decisiones presuntamente arbitrarias de la dirección estaría vinculado a esa estrategia que sus abogados consideran una ‘situación institucionalizada de acoso’.»
El perito judicial que la examinó concluye en su informe que la víctima «está sometida a un proceso grave de acoso laboral por parte de sus superiores, basando éstos sus estrategias (…) en el entorpecimiento de [su] progreso y desprestigio laboral». «Fruto de la situación de hostigamiento, la trabajadora se encuentra de baja médica y en tratamiento por parte de especialistas en salud mental, excediendo las situaciones de acoso y sus consecuencias, por tanto, las meras relaciones laborales, afectando, de manera significativa a su entorno familiar y social, tal y como diagnostican los informes médicos» añade.
La jueza del juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, Ana López Suevos, abrió en mayo pasado diligencias previas de carácter penal y comunicó a los ocho altos cargos acusados de que les investiga por los delitos de acoso moral y vulneración de derechos laborales de la trabajadora. Se trata de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general; Xosé Pereira Fariña, director de negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, jefa de programas; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casas Macías, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal. Todos deberán declarar ante la juez y el fiscal acompañados de sus respectivos abogados.
La víctima lo hará el próximo 28 de septiembre, según Publico.es. “Para evitar su ‘victimización secundaria’, la jueza ha ordenado que lo haga por videoconferencia y acompañada por una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima. También ha instado al Instituto de Medicina Legal de Galicia a que ponga a disposición del juzgado un equipo psicosocial que evalúe ‘si la querellante presenta daño psíquico compatible con los hechos denunciados’.”
