La FIP saluda el fallo judicial que declaró culpables a tres altos mandos militares por su participación en el crimen.
La Federación Internacional de Periodistas, de la que es miembro la FeSP, ha expresado su satisfacción por el fallo judicial de un tribunal salvadoreño que más de cuatro décadas después del asesinato de los periodistas holandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, ha declaró culpables a tres altos mandos militares por su participación en el crimen, ocurrido el 17 de marzo de 1982.
La FIP saluda este histórico avance en la lucha por la verdad y justicia para los cuatro periodistas y sus familias, así como para lOs trabajadorxs de prensa en particular, a quienes la memoria de Koos, Jan, Joop y Hans une a uno y otro lado del Atlántico.
El fallo, considerado histórico, responsabiliza penalmente al exministro de Defensa, general José Guillermo García; al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y al excomandante de la 4ª Brigada de Infantería en Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena. Los tres fueron condenados a 15 años de prisión, perderán sus derechos ciudadanos y deberán responder civilmente por el delito.
El juicio demostró que el crimen fue una acción deliberada, planificada por la cúpula militar salvadoreña y ejecutada por el Batallón Atonal, con el objetivo de silenciar el trabajo periodístico y enviar un mensaje de amedrentamiento a la prensa internacional que cubría los abusos cometidos durante el conflicto armado en el país.
La sentencia representa el primer caso en que se obtiene una condena penal por un crimen de lesa humanidad documentado en el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas tras el conflicto. También es la primera vez que se condena judicialmente a mandos militares de alto rango por violaciones graves a los derechos humanos cometidos en ese período.
Además de las penas impuestas, el tribunal ordenó al Estado salvadoreño emitir un pronunciamiento oficial de disculpa pública a las víctimas y sus familias, en reconocimiento del retardo en la administración de justicia.
