Presentada por Unidas Podemos pretende suspender el acceso a publicidad institucional a medios condenados por mala praxis.
La proposición de ley presentada por Pablo Fernández, del grupo parlamentario de Unidas Podemos-IU-AV en las Cortes de Castilla y León es la primera presentada por la oposición que es admitida a trámite tras la abstención de Vox.
En su exposición de motivos el texto presentado aclara que “esta proposición de ley no pretende prohibir directamente la publicación de informaciones falsas”, sino modificar la Ley de Publicidad Institucional de 2009 con el objetivo de prohibir la financiación pública de medios de desinformación. Una financiación pública que entre los años 2022 y 2023 adjudicó más de 1,6 millones de euros a ‘panfletos de desinformación’.
Fernández ha asegurado que la proposición de ley cuya toma en consideración se debatirá en el próximo pleno demanda «algo tan sencillo y razonable como que no se puedan financiar a través de la publicidad institucional a medios que hayan sido condenados por sentencia judicial».
Para llevar a cabo este primer paso en la lucha activa contra la desinformación el legislador castellanoleonés pretende atacar directamente la financiación de esos medios, mediante la limitación del procedimiento de adjudicación de contratos de publicidad institucional.
En la enmienda de adición propuesta señala que se prohibiría “la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio, tanto el caso en el que hayan sido directamente condenados como si esta condena recae en sus trabajadores y colaboradores”.
La presentación: https://www.youtube.com/watch?v=X7HI3MmW0TY
