También condenado el administrador de las empresas de comunicación que formalizó los contratos irregulares con ese consistorio.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de entre seis meses y un año de cárcel a dos periodistas y al administrador de dos empresas de comunicación por contratos irregulares con el Ayuntamiento de Calella (Maresme) entre 2018 y 2021. La alcaldesa de entonces, Montserrat Candini (PDeCAT), también estaba acusada, pero murió el pasado julio. Los tres estaban acusados de prevaricación y falsedad en documento mercantil y se enfrentaban a penas de dos años y medio de cárcel, mientras que a Candini le pedían cinco años y medio de cárcel por los mismos delitos. Por último, y tras reconocer los hechos, sólo se les ha condenado por falsedad y se les ha rebajado sustancialmente la pena, que no tendrán que cumplir.
Así informa “comunicacio21.cat” que agrega que “según el relato de la Fiscalía aceptado por los tres acusados este lunes en la Audiencia de Barcelona, entre los años 2018 y 2021 las dos acusadas fueron contratadas cuatro veces y año a año por el área de comunicación del consistorio calellense a través de Candini , que no había delegado las funciones en materia de turismo y comunicación en ningún concejal. Todos los contratos eran prácticamente idénticos y para realizar aproximadamente el mismo trabajo, ya que eran para necesidades permanentes y no ceñidas a un período o tarea concreta. Los contratos precisaban el contenido como soporte a acciones de comunicación, marketing turístico o Calella Film Office.
Los contratos menores sorteaban la normativa administrativa, puesto que el trabajo, estable y permanente, habría requerido un concurso público y no una adjudicación directa de la junta de gobierno local a propuesta de la alcaldesa. Ambas contratadas conocían la situación irregular y facilitaban a la alcaldía el presupuesto anual y las facturas mensuales por los servicios prestados.
El secretario y el interventor municipales advirtieron de la posible irregularidad de los contratos menores
Una de las acusadas entregó presupuestos por valor de 21.789 euros IVA incluido en 2018, 18.143 euros en 2019, 16.280 en 2020, y el mismo importe en 2021. El objeto del presupuesto era siempre el mismo aproximadamente: “Apoyo al área comunicación, mantenimiento de las redes sociales institucionales y redacción y difusión de notas de prensa”. Los presupuestos de la otra acusada fueron de 9.982 euros en 2018, 18.143 en 2019, el mismo importe en 2020, y 16.328 en 2021. El objeto de los presupuestos era: “Apoyo a las acciones de comunicación y marketing turístico” y “ coordinación del servicio Calella Film Office”.
Tanto el secretario como el interventor municipal advirtieron de la posible irregularidad de los contratos menores, que no podían superar los 15.000 euros anuales más IVA.
El 3 de junio de 2020 el gobierno municipal, a propuesta de Candini, aprobó la adjudicación a la empresa Vitamine, administrada por el acusado, de un contrato menor de servicios para elaborar un plan de promoción turística y comercial en forma de campaña publicitaria con el eslogan Es Calella . La empresa entregó un presupuesto de 14.943 euros, justo por debajo del límite, el día 2 de junio, y el mismo día Candini firmó la propuesta de adjudicación sin adjuntar ningún informe que justificase a Vitamine como empresa contratada”.
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