Las querellas por torturas del INDH en representación de las informadoras Estefani Carrasco Rivera y Patricia Torres Basualdo, detenidas ilegalmente cuando el estallido social de 2019.
El jueves 1 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Arica ha comenzado el juicio oral por el delito de abusos contra particulares en el marco de la querella por torturas que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en representación de las comunicadoras sociales Estefani Carrasco Rivera y Patricia Torres Basualdo, quienes denunciaron haber sufrido abusos tras ser detenidas ilegalmente durante el Estallido Social de 2019. La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP, acompaña a las colegas en su reclamo de justicia y exige que los vejámenes sufridos cuando estuvieron en cautiverio sean declarados como tortura.
Tres años pasaron del Estallido Social en Chile de 2019, y recién ahora se dará inicio al primer juicio oral por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra periodistas que se encontraban cubriendo los hechos. Estefani Carrasco Rivera, miembro del directorio de la Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (FENATRAMCO), y Patricia Torres Basualdo, representadas por el INDH, serán las primeras trabajadoras de prensa en comenzar el proceso para encontrar justicia.
Las periodistas explican en un comunicado que “mientras realizaban sus funciones como periodistas, en el contexto de la primera semana de revuelta nacional, fueron detenidas ilegalmente por cuatro funcionarios de carabineros, quienes con uso excesivo de la fuerza las intimidaron durante la detención, para que luego fueran coaccionadas a desnudarse en la Tercera Comisaría de Arica por quien actualmente es ex funcionaria de Carabineros”.
Estefani Carrasco Rivera, en diálogo con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FIP, se refirió a la llegada del caso a la instancia de juicio oral: “En Chile no se ha avanzado en la búsqueda de justicia y mucho menos en las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido social”. Agregó que “es impresentable que después de casi tres años, nuestro caso sea el único de los más de 70 de nuestra ciudad que llega a juicio. Lo que está en juego en este juicio es demostrar que la práctica de desnudamiento corresponde a tortura dado el contexto político social en el que ocurrió”.
