La jueza Tamara Matos da la razón al Sindicato de Periodistas de Säo Paulo que lo demandó por “ofensa y deslegitimación de la profesión de periodista” y el riesgo que eso constituye.
En abril del año pasado el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de São Paulo (afiliado a la Federación Nacional de Periodistas, Fenaj) presentó una Acción Civil Pública contra Jair Bolsonaro: el sindicato alegaba ante la Corte que el presidente se debía abstener de manifestarse con “ofensa, deslegitimación o inhabilitación de la profesión de periodista o de la persona de los profesionales de la prensa, así como la filtración/difusión de cualquier dato personal de los periodistas”, además de una indemnización de R$ 100 mil a favor del Instituto Vladimir Herzog.
Ahora, ha llegado el fallo de la magistrada Tamara Matos que dice: “Efectivamente, tales agresiones y amenazas del imputado, que no es otro que el Jefe de Estado, encuentran una enorme repercusión en sus partidarios, y contribuyeron a las agresiones virtuales e incluso físicas que empezaron a sufrir periodistas en todo Brasil, constriñéndolos en el ejercicio de la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia», en uno de los apartados de la sentencia.
La jueza también cita diferentes declaraciones homofóbicas y misóginas de Bolsonaro contra las periodistas: “Queda, pues, sobradamente demostrado, que ofendiendo la reputación y el honor subjetivo de las periodistas, insinuando que las mujeres sólo pueden obtener una primicia si seducen a alguien, hacen uso de bromas homofóbicas y comentarios xenófobos, expresiones vulgares y obscenas, y peor aún, amenazan e incitan a sus partidarios a agredir a los periodistas, el imputado manifiesta, con violencia verbal, su odio, desprecio e intolerancia contra los profesionales de la prensa, descalificándolos y despreciándolos, lo que constituye una práctica manifiesta de incitación al odio, y extrapola evidentemente todos los límites de la libertad de expresión constitucionalmente garantizada.»
De esta forma, la sentencia judicial confirma el acoso moral colectivo contra el periodismo, atentando contra la libertad de prensa y contra la democracia, disponiendo que el pago de una indemnización de R$ 100 mil reales (US$ 20 mil) sea revertido al Fondo Estatal de Defensa de Derechos Difusos.
