La FIP y el sindicato de medios australiano rechazan un fallo judicial que avala la legalidad de las órdenes policiales utilizadas para allanar las oficinas de la emisora público ABC y el secuestro de archivos informativos.
El Tribunal Federal de Australia rechazó el caso presentado por la emisora nacional de Australia ABC; esta había cuestionado la legalidad de las órdenes policiales utilizadas para allanar sus oficinas en 2019. La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP, y el sindicato de Medios, Entretenimiento y Artes (MEAA) de Australia han señalado esta decisión como prueba de la grave amenaza que representan las leyes del país para la libertad de prensa y el derecho del público a saber.
El 17 de febrero, la juez Wendy Abraham desestimó la impugnación legal de la ABC y falló de que la Policía Federal de Australia (AFP) cumplía con la ley al emitir la orden.
La impugnación de ABC afirmaba que la orden era «legalmente inadmisible» y que carecía de una limitación clara de que se debía buscar. La emisora también argumentó que la libertad implícita de comunicación política de Australia limitaba la discreción de la policía al emitir órdenes de arresto.
La orden autorizó a AFP a confiscar archivos de las computadoras de los trabajadores de ABC con informes de 2017 conocidos como los Archivos Afganos, que son documentos filtrados del Departamento de Defensa.
Las redadas ocurrieron el 5 de junio de 2019, un día después de que la casa de la periodista Annika Smethurst fuera allanada tras haber informado sobre una propuesta del gobierno para otorgar a los ciber espías de Australia poderes sin precedentes. La búsqueda fue confirmada por la policía federal como parte de una «investigación sobre la supuesta divulgación no autorizada de información de seguridad nacional».
El sindicato MEAA señala: “Está claro que la intención de estas redadas es intimidar a periodistas y medios. Las redadas tienen un efecto escalofriante en el periodismo de interés público al demostrar a los informadores que si revelan irregularidades, corrupción o actividades ilegales de interés público, serán perseguidos y procesados.”
