El gobierno británico legislará el deber de atención de las Redes, supervisado por un regulador independiente y financiado por un impuesto a las compañías de medios.
Los directivos de las empresas propietarias de las redes sociales están a punto de ser considerados por el Gobierno británico responsables legales de los contenidos dañinos distribuidos por sus plataformas; así lo informa The Guardian, que adelanta que este proyecto puede ser conocido el próximo lunes.
Esta normativa legal respondería a la presión social sobre los ministros por “una creciente preocupación por el papel de Internet en la distribución de material relacionado con el terrorismo, el maltrato infantil, las autolesiones y el suicidio”.
Según informa el diario británico: “el Gobierno legislará sobre un nuevo deber legal de atención, que será supervisado por un regulador independiente y que probablemente se financie mediante un impuesto a las compañías de medios. El regulador, probablemente, será Ofcom al inicio, pero a largo plazo se creará un nuevo organismo que tendrá el poder de imponer multas sustanciales a las compañías que incumplan su deber de cuidado y responsabilizara de forma individual a sus ejecutivos”.
Una encuesta realizada en 2018 por la Federal Office of Communications (OFCOM), que es la que controla el audiovisual británico, encontró que el 45% de los usuarios adultos de Internet habían sufrido algún tipo de daño en línea y el 21% había tomado medidas para informar sobre contenido dañino.
En un preámbulo conjunto, el Secretario de Interior, Sajid Javid, y el secretario de Estado para la Cultura, los medios y el Deporte, Jeremy Wright, dicen que es hora de ir más allá de la autorregulación y establecer estándares claros, respaldados por los poderes de ejecución. Se les pedirá a las compañías que cumplan con un código de práctica, que establezca qué pasos están tomando para garantizar que cumplan con el deber de atención, incluso mediante el diseño de productos y plataformas para hacerlos más seguros, y señalando a los usuarios que han sufrido daños en relación con el soporte.
También es probable que el código de práctica incluya los pasos que se espera que tomen las empresas para combatir la desinformación, incluso mediante el uso de servicios de verificación de hechos, en particular durante los períodos electorales, y la mejora de la transparencia de la publicidad política. Se espera que las empresas reguladas cumplan con el código de práctica, o expliquen qué otros pasos están tomando para cumplir con el deber de atención. Sin embargo, quedan aspecto que el regulador debe determinar.
