Se une a los sindicatos de periodistas italiano y británico en su petición de garantías de que no será deportado a EEUU y pide un pronunciamiento de la FIP.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su preocupación por la detención en Londres de Julian Assange, cofundador de WikiLeaks, y la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por haber dado a conocer decenas de miles de documentos que eran de gran interés público, aunque estuvieran clasificados como secretos.
El Gobierno ecuatoriano ha explicado que le ha retirado la inmunidad diplomática por el «incumplimiento reiterado de las normas de asilo y de mínima convivencia» que debía respetar para permanecer en la embajada de ese país en Londres. Pero el exmagistrado Baltasar Garzón, coordinador del equipo de abogados de Assange, ha afirmado que se trata de una decisión «arbitraria y sin consistencia», porque no es cierto que haya incumplido las medidas de protocolo. Además, ha añadido que ninguna norma internacional establece que por incumplir unas normas «se pueda expulsar y dar por finalizado el asilo».
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza ha señalado: “El fin del asilo para Assange y su posible extradición a USA es un desafío para libertad de prensa. Más allá de su rol y toda controversia, en el tema de fondo el principio es que los periodistas no deberían ser penalizados por publicar información de interés público, aun si ésta fuera reservada”.
La FeSP se suma a las declaraciones de Seamus Dooley, secretario general adjunto de la National Union of Journalists (NUJ), de Reino Unido y República de Irlanda, quien ha manifestado que este sindicato reconoce el vínculo inherente entre la importancia de los documentos confidenciales filtrados y el periodismo de interés público y que “el Reino Unido no debe actuar en nombre de la administración Trump en este caso”.
Resultaría sorprendente que Julian Assange fuera juzgado en Estados Unidos –con la posibilidad de ser condenado a cinco años de cárcel, acusado de conspiración criminal para infiltrarse en los sistemas informáticos del Gobierno estadounidense– mientras ninguna de las personas presuntamente relacionadas con la vulneración de derechos humanos y otras ilegalidades que se desvelan en esa documentación –sobre la guerra de Irak, la invasión de Afganistán y otros asuntos– ni siquiera han tenido que declarar ante la Justicia.
Por otro lado, la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP reclama una respuesta de las federaciones Internacional de Periodistas (FIP) y Europea de Periodistas (FEP), de las que es afiliada, y se suma a las declaraciones del sindicato hermano Federazione Nazionale de la Stampa Italiana (FNSI), que ha solicitado a la FIP una investigación independiente que arroje luz sobre lo sucedido, para proteger la libertad de información y el derecho de los ciudadanos a estar informados». Lo mismo ha hecho el sindicato británico NUJ
La FeSP considera que la intención del Gobierno de Ecuador y de la Administración de Theresa May de desentenderse de la suerte de Julian Assange constituye una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales y un retroceso en la defensa de la libertad de expresión.
