Mejoras en el Consejo del Audiovisual de Cataluña y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; pero se dejan otros temas importantes en el tintero.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), miembro de la FeSP, informa:
«Después de tres intentos, el Parlamento de Cataluña ha aprobado por unanimidad la reforma del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que en 2012 perdieron el requisito de la mayoría cualificada para elegir consejeros y presidente de la CCMA y para la toma de decisiones sobre determinados aspectos.
Así, se devuelve a una mayoría mínima de 2/3 del Parlamento para nombrar el órgano rector de la Corporación, a propuesta de un mínimo de tres grupos parlamentarios, con candidatos propuestos tras escuchar las entidades y los grupos más relevantes del sector audiovisual, que presenten un plan de gestión y que el CAC verifique su idoneidad. Para elegir a los directores de los medios, radio y televisión, se haría un concurso público regulado por el propio Consejo de gobierno de la CCMA.
La reforma también prevé devolver la autonomía de funcionamiento al Consejo Asesor de Contenidos y Programación, desactivado desde hace años por su dependencia del actual Consejo de gobierno, y que debe ser la vía de participación de las entidades sociales en el orientación de los medios de la Corporación.
El SPC se congratula de la aprobación de la ley y confía en que se cumpla la letra y el espíritu. El objetivo era y es desgubernamentalizar la Corporación y sus medios, a partir del máximo consenso posible y con una exigencia clara de independencia política y de competencia profesional fehacientes de los miembros de los órganos rectores.”
Sin embargo, en la misma sesión el Parlament rechazó varias enmiendas sustanciales para el buen ejercicio del Derecho a la Información, entre ellas dos popuestas del grupo Comuns. Una de ellas instaba el Govern de la Generalitat a regular por ley el Tercer Sector de la Comunicación (medios comunitarios). La otra proponía instaurar criterios objetivos y transparentes, -como el cumplimiento de las normativas laborales y deontológicas de las empresas de medios de comunicación- a la hora de concederles publicidad institucional.
