La CIDH rechaza el decreto que exime de «responsabilidad penal” a las fuerzas armadas en sus actuaciones de represión de las manifestaciones populares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado este 15 de noviembre lo que considera un «grave decreto» del autoproclamado Gobierno de Bolivia que exime de «responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».
La CIDH señala que este nuevo Gobierno interino, en su documento, autoriza a a las fuerzas militares a usar «todos sus medios disponibles» para controlar las manifestaciones populares de los partidarios del MAS.
El artículo tres del decreto supremo número 4.078 establece: «El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal».
Este decreto, según CIDH, «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta». Además, condena cualquier acto administrativo del Gobierno boliviano «que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional». Particularmente, el organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas sociales.
«Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos», escribió la CIDH en Twitter.
Twitt de la CIDH: https://twitter.com/CIDH/status/1195817630533390336
