El sindicato ANP y la FIP alertan de ello y reclaman garantías que permitan trabajar sin agresiones, especialmente, de las autoridades estatales.
La hermana Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que durante los dos años de gestión de la presidenta Dina Boluarte, la prensa peruana ha enfrentado un total de 740 ataques, lo que representa un promedio de un ataque diario. La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP, alerta sobre esta preocupante tendencia y reclama las garantías debidas para que los trabajadores de prensa puedan desempeñarse sin agresiones, especialmente por parte de las autoridades estatales.
Según el registro de la Oficina de Derechos Humanos de la ANP, los ataques incluyen amenazas, hostigamiento, agresiones físicas y verbales, así como bloqueos al acceso a la información. Los funcionarios públicos son responsables de 217 de esos ataques, lo que representa más del 29% del total.
El gobierno de Perú ha sido señalado por la ANP como uno de los principales responsables, con 44 casos de agresión a periodistas. Los medios digitales han sido los más hostilizados, con 327 ataques, y las periodistas han sido objeto de 161 ataques, lo que equivale al 21% del total.
La ANP considera que esta situación es un problema sistémico que refleja la fragilidad de la libertad de expresión y del derecho a ejercer el oficio sin presiones para periodistas en el Perú, así como la necesidad urgente de garantías para el ejercicio periodístico y terminar con la impunidad ante estas agresiones.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, señaló: «La cifra sin precedentes de ataques a la prensa confirma el franco deterioro de las libertades informativas en el país en los últimos dos años. La presidenta de la República ha acumulado 200 días sin responder a la preguntas de la prensa sobre hechos de alto interés público y ha tenido un discurso estigmatizante contra la labor de la prensa: ha instalado el eufemismo de «terrorismo de imagen» para calificar la crítica periodística».
«Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú creemos esencial documentar estos casos y visibilizarlos ya que esta situación confirma que el Estado peruano no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo instó a garantizar la actividad periodística en el país».
