1º.- Borrador de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC).
El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) aprobó una propuesta de borrador de ley, en abril de 2004, y lo presentó a los grupos parlamentarios, al presidente del Congreso de los Diputados y a la ciudadanía en distintos actos públicos. En ese borrador se define la figura del periodista profesional, periodista a la pieza, periodista por libre o freelance y colaborador/a; sus derechos y deberes, y también los de los empresarios de los medios de comunicación; derechos de autoría; cláusula de conciencia; secreto profesional; Comités Profesionales en los medios; Consejo Corregulador del Periodismo Profesional, etc.
Propuesta del FOP: que el Gobierno elabore y presente un proyecto de ley reguladora de esta materia, o impulse una proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados.
2º.- Derechos de autoría.
Los derechos de autoría de los periodistas están reconocidos en la Unión Europea (Directiva 2001/29/CE) y a escala internacional (Convenio de Berna y Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-). En España no están reconocidos como corresponde en la Ley de Propiedad Intelectual, lo que permite que muchos empresarios de los medios de comunicación no los respeten, y eso se traduce en la práctica en muchos abusos cometidos con el trabajo de periodistas y fotoperiodistas.
Propuesta del FOP: que el Gobierno elabore y presente un proyecto de modificación de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, o impulse una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para que en ella se regulen los derechos de autoría sin ambigüedad y se reconozca con claridad que los y las periodistas, fotoperiodistas, diseñadores gráficos e infografistas son los autores de la obra y los titulares de ese derecho, tal y como ha declarado la Comisión Europea, y que también se regulen en esa norma los derechos que correspondan a los editores como titulares de las plataformas necesarias para la difusión de esos trabajos.
3º.- RTVE, medios públicos y agencia Efe.
El FOP siempre ha defendido y defiende la necesidad de que RTVE y los demás medios públicos (radios y televisiones autonómicas y locales), así como la agencia de noticias Efe, sean independientes del gobierno de turno y se garantice que ofrecen una información veraz y plural, como prevé la Constitución.
Propuesta del FOP: que el Gobierno, tras la aprobación de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, y la aprobación del real decreto ley de 22 de junio de 2018 por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE y de su presidente, adopte las medidas necesarias para garantizar unos medios públicos independientes y de calidad, gestionados por sus profesionales sin injerencias externas, con financiación suficiente y con una Presidencia y un Consejo de Administración elegidos por concurso público.
4º.- Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
España es el único país de la Unión Europea en el que no existe un organismo regulador del mercado audiovisual, que garantice el correcto funcionamiento de ese servicio público. El proyecto de Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, contemplaba la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero finalmente esa previsión fue eliminada, argumentando motivos económicos, y ese control pasó a ser una función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Propuesta del FOP: que el Gobierno elabore y presente un proyecto de modificación de la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual, o impulse una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para que en ella se establezca la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, independiente del Gobierno y con financiación pública suficiente, de características similares a los existentes en los países de la Unión Europea, eliminando esta tarea de las atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la Ley 3/2013, de 4 de junio.
5º.- Regular las figuras del colaborador/a y del freelance.
Los colaboradores y colaboradoras son una figura habitual y cada vez más numerosa en el mercado periodístico español. Tanto esos profesionales como los y las periodistas a la pieza y periodistas independientes o freelances no tienen ninguna protección legal en España ni tienen derecho a ninguno de los beneficios sociales que se reconocen a los demás trabajadores.
Propuesta del FOP: que el Gobierno elabore y presente un proyecto de ley, o impulse una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se regulen los derechos y deberes de los y las periodistas a la pieza, colaboradores/as y periodistas por libre o freelances, y se establezca su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, con la correspondiente cotización empresarial. Dicha ley deberá establecer que el trabajo de estos profesionales sea regulado en los convenios colectivos y en un acuerdo marco a negociar entre la patronal y los sindicatos, en el que se establecerán unas remuneraciones mínimas para sus trabajos.
6º.- Modificar las leyes que limitan el derecho a la información y la comunicación.
Durante la X Legislatura, el anterior Gobierno remitió al Congreso varios proyectos de ley que fueron aprobados por las Cortes -con los votos a favor del Grupo Popular y en contra de los demás grupos-, que limitan derechos de la ciudadanía en general y de los profesionales de los medios de comunicación en particular: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como Ley Mordaza), reformas del Código Penal y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Propuesta del FOP: que el Gobierno promueva con urgencia la derogación de esas normas, mediante sendos proyectos de ley, o impulsando la presentación de proposiciones de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para recuperar los derechos que, con las leyes citadas, han perdido la ciudadanía y los y las profesionales de los medios de comunicación.
7º.- Licencias de emisión para los medios comunitarios sin ánimo de lucro.
Los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro se encuentran en una situación de alegalidad, y bajo constantes amenazas de expedientes de sanción o cierre, porque el Gobierno no ha desarrollado la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, de 31 de marzo (LGCA), que establece una reserva de frecuencias para este tipo de servicios comunitarios pese a haber transcurrido ocho años desde que esa norma fue aprobada.
Propuesta del FOP: que el Gobierno desarrolle las previsiones incluidas en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, y adopte las medidas necesarias para la concesión de licencias de emisión a los medios comunitarios sin ánimo de lucro, que son imprescindibles para garantizar la libertad de expresión.
8º.- Medidas para erradicar el abuso con los falsos autónomos.
Cada vez es más frecuente que muchas empresas de comunicación prescindan de personas de su plantilla y después utilicen sus servicios profesionales como falsos autónomos. Esta práctica, que supone un fraude a la Seguridad Social, es especialmente grave en el caso de los y las fotoperiodistas.
Propuesta del FOP: que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, adopte las medidas necesarias para reforzar la Inspección de Trabajo, con el objetivo de que actúe con más eficacia contra esas prácticas ilegales.
