A pesar de los ejemplos de otros países y las medidas propuestas por la ciudadanía los legisladores no se deciden a proteger a la población de sus efectos devastadores.
El Gobierno no ha impulsado ninguna de las medidas propuestas por la sociedad civil para limitar el efecto de los bulos. Los expertos urgen, entre otras cosas, cambios en la Ley Electoral que afectan a la publicación de sondeos y medidas de transparencia para los partidos y los medios
Fernando Varela en el digital “infolibre.es” se refiere a la capacidad de los bulos para atentar contra la democracia y que todo indica que llegaremos a las próximas elecciones sin medidas eficaces para evitar sus perversos efectos sobre la publicación de sondeos y medidas de transparencia para los partidos y los medios.
El articulista señala: “Gobiernos de todo el mundo implementan desde hace años medidas para evitar que la manipulación de la información en las redes sociales pueda influir en el resultado de las elecciones. Bruselas lleva pidiendo desde 2018 a los socios de la Unión Europea que actúen para prevenir tanto los incidentes de ciberseguridad como las campañas de desinformación.
Pero en España seguimos igual que hace tres años, cuando se celebraron las últimas elecciones generales. Y eso a pesar de que el Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), tiene desde hace meses encima de la mesa una completa batería de propuestas para mejorar la capacidad de respuesta de la democracia española frente a la desinformación”.
Varela dice que no es que falten evidencias del riesgo que corren las democracias por esta forma de desinformación; “hay constancia del fenómeno desde hace seis años. Los casos más paradigmáticos de desinformación conocidos públicamente hasta la fecha se dieron en 2016 tanto en el referéndum del Brexit del Reino Unido como en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que llevaron. Donald Trump a la Casa Blanca.
Se ha comprobado que la desinformación puede tener efectos más pronunciados en contenidos políticos que en temas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia o información financiera y que impacta en la construcción de la realidad por parte de los ciudadanos, hasta el punto de influir en su percepción y toma de decisiones, aun a sabiendas de su origen deliberadamente ficticio. Así consta en el documento Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional publicado el pasado mes de septiembre”.
Asimismo afirma: “En España la mayor parte de la desinformación difundida durante las elecciones generales de noviembre de 2019, las elecciones al Parlament de Catalunya de febrero de 2021 y las elecciones a la Asamblea de Madrid del mismo año —cuando se redactó el informe aún no se habían celebrado las convocatorias de Castilla y León y Andalucía— entraba dentro de la categoría de contenido fabricado (100% falso, diseñado para engañar y dañar), engañoso (para incriminar a alguien o algo) o manipulado (manipulación de información o imágenes genuinas para engañar)”.
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