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El TC reconoce el derecho de las personas presas a hablar con la prensa

Los magistrados dicen que impedirles ser entrevistados en la cárcel afecta al derecho a la libertad de información de los periodistas y al de la ciudadanía a ser informada de asuntos de interés público

El Tribunal Constitucional ha sentenciado que las personas recluidas en las cárceles tienen derecho a la libertad de expresión y, por tanto, pueden hablar con los periodistas. No permitir que lo hagan afecta a ese derecho de los reclusos y también a la libertad de información de los periodistas y al derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público, según una sentencia.

En enero de 2017, el Centro Penitenciario de Córdoba denegó la petición de un periodista de Eldiario.es para entrevistar a un preso común, con el argumento de que no estaba justificada la necesidad de esa comunicación ni se garantizaba que, caso de concederla, se aseguraba la seguridad y el buen orden en esa prisión.

La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) intervino en el caso y recurrió esa denegación, pero un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia Provincial desestimaron el recurso. Ahora, el TC ha anulado esa sentencia y ha dado la razón a la citada asociación.

El periodista había realizado antes una entrevista al mismo preso dentro de la prisión, tras acceder a él como una visita ordinaria. Cuando publicó sus declaraciones, en las que criticaba el trato que recibían en la cárcel, la dirección de la centro le sancionó con un mes sin paseos y sin participar en actividades de recreo comunes.

Esta sentencia sienta un importante precedente, porque es la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el derecho de las personas reclusas a la libertad de expresión. Los magistrados de la Sala Segunda afirman que al no conceder la entrevista se intentaba impedir la crítica a la situación de la cárcel, lo que supone una «censura previa».

El hecho de que no esté regulado el acceso de los profesionales de la información a las prisiones no significa que no esté permitido, se indica en la sentencia: «El silencio no puede entenderse como libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino todo lo contrario, como una falta de habilitación para restringirlos».

El TC concluye que la negativa de la prisión cordobesa a conceder esa entrevista vulnera los derechos constitucionales a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión».

El coordinador de la APDH y abogado que ha llevado este caso, Valentín Aguilar, ha manifestado que «el derecho que estaba en juego era el derecho a la libertad de información en un sentido amplio, no se trataba solo de ejercer la libertad de expresión dentro de la prisión sino, sobre todo, de comunicar a la opinión pública lo que ocurre en el interior de las prisiones».

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado al diario El País que están elaborando una instrucción para regular el acceso de la prensa a las cárceles. Mientras llega, estudian cada solicitud y han permitido el acceso de periodistas en numerosas ocasiones, aunque suelen denegar las entrevistas a presos preventivos porque pueden interferir en su proceso penal.

Más información y sentencia íntegra:https://elpais.com/politica/2020/02/05/actualidad/1580903584_090829.html

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